Habiendo conseguido quórum –entre diputados propios (del FdT) y el bloque de Río Negro- la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación consiguió el martes pasado dar un paso hacia adelante en aras de proteger a la aerolínea nacional de los peligros privatizadores que penden sobre la empresa, y que son enunciados a modos de promesas (o amenazas) a los cuatro vientos por los espacios políticos opositores de mayor envergadura (JxC y LLA) en las voces de Patricia Bullrich y Javier Milei, respectivamente.
El proyecto de la medida de protección -que llegó al recinto a partir de una iniciativa del diputado nacional Máximo Kirchner (FdT)- propone alejar el peligro inminente de que –una vez más- quede Argentina sin una línea de aeronavegación comercial propia. La última experiencia de este tipo -llevada adelante durante la administración del presidente Menem- culminó con el prácticamente total desguace de la empresa, incluidas su infraestructura, sus aeronaves, su costosísimo instrumental y su estructura operativa; y con el Estado argentino haciéndose cargo de los costos fijos erogados por la empresa: salarios y costos de mantenimiento de la ínfima infraestructura que dejaron en pie los capitales beneficiados con la adquisición de esa “joya de la abuela” que llenó sus bolsillos y que durante el proceso dejó campo orégano para engrosar las ganancias de las demás aerolíneas que siguieron operando en nuestro país-.
La Nueva Mañana dialogó con el diputado nacional por el FdT-y vocal de Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados-, también ex ministro de Desarrollo Social durante la actual administración nacional, Daniel Arroyo, sobre lo actuado en la sesión del martes 22 de agosto, y respecto a la importancia que tiene para Argentina el contar con su propia aerolínea de bandera.
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